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19/12/2024 12:40
Temas: Empresa, Formación, Jornada, Legislación, Turismo
Ante la preocupación y las dudas que existen entre los profesionales del sector turístico, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) ha acogido hoy con gran éxito la celebración de la Jornada Informativa sobre el polémico Real Decreto 933/2021, enfocada en la aplicación del nuevo registro de viajeros, reuniendo a 40 empresas y profesionales del sector.
La sesión, diseñada con un enfoque práctico, abordó aspectos clave como los datos que deben ser facilitados por los establecimientos, el funcionamiento de la plataforma habilitada para el registro ses.hospedajes y las implicaciones legales del cumplimiento de esta normativa. Además, se dedicó un espacio significativo a resolver dudas y problemática específica además de tratar el impacto del Real Decreto desde la perspectiva de la Protección de Datos, así como las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento.
El Real Decreto 933/2021 establece nuevas obligaciones de registro de viajeros en el que consta la solicitud de determinados datos de los huéspedes. El nuevo registro exige ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas.
Respecto a la identidad de los clientes, la principal novedad consiste en hacer constar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad, mientras que sobre las operaciones comerciales deberán precisar el medio de pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago.
Según indica el Ministerio de Industria y Turismo, el registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959 y había quedado obsoleto con el paso del tiempo habiendo una necesidad de adaptarla a las nuevas realidades, a los nuevos sectores de actividad que no existían entonces y a los nuevos requisitos de seguridad.
Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, existe desde 1974 y su normativa también ha quedado desfasada medio siglo después. El nuevo sistema obliga también, junto a las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar sobre estas cuestiones gracias a la participación de dos destacados ponentes: Carmen Roberto, ingeniera y consultora tecnológica y Adrián Alonso, abogado y consultor empresarial, profesionales de RBH Global. Ambos expertos aportaron su experiencia y conocimientos en la materia y resolvieron dudas, además de facilitar herramientas útiles para una adecuada implementación de la normativa en los negocios turísticos.
Principales problemas para el sector
Los expertos incidieron además en la problemática que puede acompañar la aplicación de este cambio normativo en aspectos como: la incompatibilidad con la normativa europea; la inseguridad jurídica; la desventaja competitiva; la falta de adecuación tecnológica; la carga administrativa desproporcionada y las sanciones por incumplimiento.
“La falta de claridad en la normativa, sumada a la complejidad de gestionar los datos solicitados incrementa el riesgo de errores y además debemos tener en cuenta que muchas empresas turísticas carecen de infraestructura necesaria y deben adaptarse a diferentes sistemas según la comunidad autónoma, lo que aumenta los costes operativos para las pymes del sector. Y a mayores, puede tener repercusiones negativas en el turismo con pérdida de viajeros y turistas hacia otros destinos más flexibles”, argumentaron los ponentes recogiendo el sentir de la mayoría de los asistentes.
El CEL reafirma con esta iniciativa su compromiso de apoyar a las empresas y profesionales de la provincia en la adaptación a los cambios normativos, proporcionando información clave y fomentando el cumplimiento legal dentro del sector.
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